Resumen: La Sala desestima recurso de apelación interpuesto contra auto que declara ser conforme a derecho diligencia de ordenación que resolvía dar cuenta al órgano judicial al objeto de resolver lo procedente sobre la solicitud de ejecución forzosa. A juicio del Tribunal lo acordado y resuelto tiene naturaleza meramente interlocutoria, desde el momento en que se acuerda dar cuenta al órgano judicial para que resuelva lo procedente sobre la solicitud de ejecución forzosa. A la vista de estos antecedentes, tanto de la Diligencia de Ordenación como del Decreto resolutorio del recuso de revisión, considera la Sala que no solo no se infringe ninguno de los preceptos referidos en sus respectivos recursos de apelación, sino porque además tampoco con lo resuelto no se causa ninguna indefensión formal y material a ninguna de las partes apelantes; y ello sin perjuicio de que proceda valorar en su caso la presunta vulneración de los preceptos esgrimidos con ocasión del examen de los recursos de apelación en los que son objeto de impugnación los autos que resuelven sendos recurso de reposición contra el auto que acordó ordenar al Ayuntamiento la ejecución forzosa de la sentencia de autos.
Resumen: La Sala desestima recurso de apelación interpuesto contra auto que resuelve la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia instada por la parte ejecutante, abriéndose con ello el procedimiento de ejecución, que no incidente de ejecución, ya que para que exista un incidente de ejecución tiene que haber previamente un procedimiento de ejecución, no siendo aplicable el art. 109 de la LJCA sino el art. 104.2, que permite a la parte ejecutante solicitar la ejecución forzosa de la sentencia. La ejecución de la sentencia se ha iniciado y se encuentra en tramitación, pero dicha ejecución no ha sido concluida, ni en el presente incidente de ejecución se ha adoptado medida coercitiva alguna, ni se ha impedido al Ayuntamiento, ni tampoco al aquí apelante, poner en conocimiento del Juzgado las actuaciones llevadas a cabo en la referida ejecución o plantear la cuestión relativa a una posible imposibilidad legal de ejecución, por lo que no se atisba la existencia de indefensión.Con independencia de los términos en los que se instara la ejecución, lo cierto es que no se han impuesto ninguna de las medidas establecidas en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción, por lo que difícilmente cabe considerar que dicho precepto haya sido infringido. No cabe estimar infringido el artículo 109 de la LJCA, ya que no se ha planteado una cuestión incidental, sino que se ha iniciado la ejecución de la sentencia.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia desestimatoria recaída en el juzgado en materia de expulsión de extranjero en situación de irregularidad. Tras efectuar un resumen de los diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre nuestro ordenamiento sancionador en extranjería y la reintroducción por la jurisprudencia del principio de proporcionalidad a la hora de imponer multa o sanción por la infracción de estancia irregular. Si bien en un primer momento no aportó pasaporte, sí consta denuncia de su pérdida y el número coincide con el que consta en el empadronamiento. De ahí que la respuesta sea la de imposición de multa con plazo de salida voluntaria.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el interpuesto contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza de 13 de noviembre de 2023, que acuerda su expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en España y territorio Schengen por término de 5 años. Señala la Sala que las circunstancias que concurren en este caso llevan a apreciar que la medida de expulsión está justificada, en cuanto la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza que acuerda la expulsión del apelante del territorio nacional, considera como hechos que llevan a aplicar la sanción de expulsión no solo la estancia irregular, sino además la existencia de varias condenas penales por delitos de violencia en el ámbito familiar, que excluyen que pueda apreciarse una situación de arraigo de esta naturaleza, tratándose de conductas delictivas realizadas en un espacio de tiempo breve, que provocan alarma social, constitutivas de una amenaza grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad, estando suscrito por España el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que en su preámbulo destaca la afectación a los niños incluso como testigos de violencia dentro de la familia, y uno de cuyos objetivos es proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
Resumen: La Sala ha dictado con anterioridad dos sentencias en relación con la misma cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia formulada por el auto de admisión a trámite de este recurso. Para resolver sobre si la cláusula controvertida debe considerarse o no abusiva, el artículo 63. 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (LGDCU), concluye la Sala que, no cabe duda de que la cláusula sobre facturación vulnera de manera directa lo establecido por el precepto legal al limitar de manera sustancial el derecho del usuario a recibir la factura en papel. Debe por ello ser considerada, como hizo la Administración sancionadora, una cláusula abusiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.7 de la LGDCU, que califica como tales a cualquier «renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario», además de las enumeradas previamente en los restantes apartados del propio precepto.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancias del recurrente contra la Resolución impugnada de la Delegación del Gobierno en La Rioja y en consecuencia se desestima el recurso en lo relativo a la sanción de expulsión y se confirma en lo relativo a la prohibición de entrada que se reduce a 1 año. Señala la Sala que en los supuestos de estancia irregular se debía ajustar proporcionalmente la imposición de la consecuencia (sanción) de expulsión a aquellos supuestos en los que a la estancia irregular se unía algún otro factor que pudiera ser susceptible de valoración negativa (circunstancia de agravación). Y añade que la sanción a imponer de forma preferente a los extranjeros que hayan incurrido en las conductas tipificadas como graves en el art. 53.1.a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, es la de multa, siempre que no concurran circunstancias agravantes añadidas a su situación irregular. Así lo impone el art. 57 de la Ley de Extranjería que establece prima facie la sanción de multa a las infracciones graves, entre ellas la situación irregular, pero se permite sustituir dicha sanción de multa, en atención al principio de proporcionalidad, por la sanción de expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 2 de marzo de 2023 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la anterior, de 10 de enero de 2023, que había denegado la autorización de residencia temporal de joven extranjero ex tutelado que, al alcanzar la mayoría de edad, sea titular de autorización de residencia. El motivo de la denegación fue por haberse emitido un informe policial desfavorable. La solicitud se presentó el 7 de noviembre de 2022. Señala la Sala ante un expediente en el que no se han acreditado los requisitos en la medida en que el informe desfavorable está suficientemente justificado, todas las circunstancias concurrentes han sido valoradas por la Administración y por la sentencia de instancia llegando a la conclusión de que no podía otorgarse la autorización solicitada, decisión que comparte la Sala en base a los razonamientos tanto de la resolución como de la sentencia, y que la Administración entendió que el informe gubernativo no quedaba destruido por un informe de integración, elaborado por una Fundación (genérico, vago e impreciso) o por el resto de documentación aportada por el recurrente y de la que obra en el expediente administrativo.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar qué naturaleza jurídica tienen las participaciones preferentes emitidas por una sociedad filial participada el 100% por la dominante e incluida en un grupo de consolidación fiscal cuando el pago de la remuneración está condicionado a la existencia de beneficios distribuibles en la sociedad dominante y a la efectiva distribución de dividendos a los accionistas ordinarios de la sociedad dominante atendiendo a la primacía del fondo económico de la operación, precisando si deben calificarse contable y fiscalmente como "pasivos financieros", "instrumentos de patrimonio propio" o "instrumentos financieros compuestos". En función de la respuesta que se dé a la anterior cuestión aclarar si la contabilización de las diferencias entre el valor nominal de los títulos y el valor de rescate surgidas en la recompra de las participaciones preferentes dan lugar al rescate de un pasivo financiero y por tanto deben reconocer como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio e integraran la base imponible; o, dan lugar al rescate de un instrumentos de patrimonio propio y las variaciones de patrimonio surgidas deberán registrarse en el patrimonio neto.
Resumen: La sentencia conoce de la prueba obtenida en una entrada domiciliaria con causa en unas actuaciones inspectoras que se notificaron al interesado en la misma diligencia de entrada. Si bien debe autorizarse la entrada únicamente si consta anteriormente la notificación de las actuaciones inspectoras, declara que la admisión y valoración de la prueba que se obtuvo por la Administración tributaria no vulnera la integridad de las garantías del proceso contencioso-administrativo, ya que la única conexión jurídica entre el vicio determinante de la lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la obtención de la prueba es la valoración que se hace sobre la autorización judicial firme, a la luz de una evolución de la interpretación jurisprudencial acerca de uno de los requisitos para acceder a la solicitud de autorización de entrada. Por otra parte, en cuanto a la sanción derivada, puede iniciarse el procedimiento sancionador con anterioridad a la notificación de la liquidación de la que lleva causa, que, en el caso, motiva adecuadamente la culpabilidad de su actuación.
Resumen: Es un presupuesto obligatorio formular la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa ante la Administración contra la que se pretende ejercitar la acción y agotar esta vía administrativa, antes de presentar el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y, en este caso, la recurrente ha incumplido dicho presupuesto previo y obligatorio de la jurisdicción.
